El Ejército peruano clasificó como “secreto de Estado” adquisiciones y contratos militares valorizados en S/ 540 millones, entre ellos la compra de 10 mil fusiles, 30 blindados, un sistema antitanques y el mantenimiento de helicópteros Mi-17 y Mi-8. La medida, firmada por el comandante general César Briceño Valdivia el 29 de abril, restringe el acceso a información para la Fiscalía, la Contraloría y la prensa, bajo el argumento de reforzar la defensa nacional.
La decisión se produjo luego de que la Contraloría advirtiera irregularidades en la contratación de la empresa Helicentro Perú para el overhaul de cuatro helicópteros Mi-8 por S/ 96,9 millones. El informe detectó un adelanto sin justificación de S/ 29 millones, penalidades omitidas por S/ 8,4 millones y que la compañía fue elegida sin autorización del fabricante ni de la DGAC.
El documento involucra penalmente a 16 altos mandos, entre ellos el exjefe del Ejército y actual jefe de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, y al propio Briceño Valdivia. Pese a que el caso fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción, el Ejército dispuso archivar el informe tras declararlo secreto.